Entre julio y septiembre se registraron 372 ejecuciones extrajudiciales

En los primeros 9 meses del año 2021, 1197 personas han sido ejecutadas por funcionarios de seguridad del Estado, destaca el informe realizado por Provea y el Centro Gumilla.

Emmanuel Rivas/ Caleidoscopio Humano

(24-102021) Provea y Centro Gumilla, a través del monitoreo Lupa por la Vida, registraron 372 presuntas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por organismos de seguridad del Estado, entre julio y septiembre.

Del total de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 5 fueron mujeres, “una cifra alta considerando las tendencias generales en el país en cuanto al asesinato de mujeres en operativos de seguridad”, destacan en el informe.

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El CICPC es el principal ejecutor

El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el cuerpo armado del Estado identificado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales (114).

Las policías estadales ejecutaron a 92 personas, destacando la Policía de Carabobo (44) y la Policía de Aragua (11).

“Llama la atención la alta participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) presuntamente responsables de 40 casos, lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana. 34 la Guardia Nacional Bolivariana y 6 del Ejercito”.

Lupa por la Vida

Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) participaron en la ejecución de 26 personas, mientras que la Policía Nacional Bolivariana en 21, órganos de policías municipales 18 y a la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada(DCDO) fueron responsables de la ejecución extrajudicial de 2 personas.

Fuente: Lupa por la Vida

Una de las estadísticas más altas en este renglón la presentan los operativos en donde actúan en conjunto la PNB, las FAES, CICPC, FANB y DGCIM, con 34 ejecuciones.

El informe presentado por Provea y el Centro Gumilla, también destaca que en los primeros 9 meses, en Venezuela se han reportado 1.197 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares en casi todo el territorio nacional.

Para leer el informe completo aquí

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