Cuando comenzamos a recibir testimonios en el mes de abril, nunca imaginamos que en julio llegáramos a comparar los Puestos de Atención Social Integral (PASI) con campos de concentración
Gabriela Buada Blondell – Foto Diario La Verdad
Caleidoscopio Humano y Provea / Especial de Migración Forzada
“Tuve que dejar de comer porque vi que colaban la pasta con agua de lluvia empozada. No hay condiciones higiénicas ni para que los animales sobrevivan, nos tratan como basura. Es una pesadilla, me arrepiento de haber regresado. Esto no se le desea a nadie”, Rubén nos contó por medio de una llamada lo que estaba viviendo desde el 10 de julio en uno de los Puestos de Atención Social Integral (PASI) en el estado Guárico, justo en la sede del Seniat.
Rubén logró contactarnos por medio de un colega periodista, también venezolano que le sugirió llamarnos y otras instrucciones de supervivencia “por si la cosa se ponía difícil al llegar”. La llamada fue rápida, no duró más de 2 minutos, pero fue el tiempo suficiente para validar lo que ya sabíamos que ocurría con otros 6 testimonios que nos lleva a intuir que estos lugares, adecuados como refugios provisionales para la atención de quienes regresan se pueden comparar con lo que se conoce en la historia como campos de concentración.
Sin duda, la pandemia ha dejado como consecuencia la estigmatización y discriminación, tanto en los Estados receptores de la migración forzada como en Venezuela. Odio y rechazo son las características principales de los discursos diarios en los reportes de las cifras de contagio de la Covid19 en el país, mientras que en Latinoamérica las medidas de confinamiento que imposibilitan el sustento de millones de venezolanos que migraron forzadamente por la emergencia humanitaria compleja generan miles de retornos forzosos que ponen en peligro sus vidas en el tránsito e incluso al llegar. Es así, como la crisis sanitaria global borra la memoria de los gobiernos que tienen como deber y obligación respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de personas retornadas, migrantes o de refugiados. [1]
Huir del virus es regresar a la persecución
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mediados del mes de julio a través de su cuenta en twitter[2] rechazó la militarización de las fronteras venezolanas y los discursos estigmatizantes en contra de personas retornadas a Venezuela, asegurando que tales medidas tienden a promover la discriminación y agravar su vulnerabilidad. Los llamados internacionales, de organizaciones locales y hasta religiosos[3] se han hecho sentir, y es que la persecución y criminalidad por decidir regresar ha sido la característica más común de las autoridades.
Logramos comunicarnos con Rubén para hacer seguimiento a su situación, y en esa segunda oportunidad vía WhatsApp señaló que llegó por el paso fronterizo de los llanos hace más de 5 días. En ese momento no le habían realizado la prueba para detectar si contrajo el virus. A ninguna de las 103 personas que estaban en el campamento improvisado.
“Los guardias al ver mi contextura física de más de 1.70 metros de altura, cuerpo ejercitado y con 21 años de edad inmediatamente me decían que si no hacía lo que me pedían me iban a presentar como “trochero” o que, si no me entregarían a los guerrilleros”.
El primer impase que tuvo Rubén con los uniformados ocurrió al negarse a entregar su teléfono celular y el efectivo que traía en divisas desde Perú para el viaje. “Yo me vine seguro de que esto no me iba a pasar. Lo más lógico era que nos pusieran en confinamiento, pero no que nos robaran, nos amenazaran o nos maltrataran”. A este grupo de más de 100 personas no se le hizo ninguna de las pruebas si no al décimo día de haber llegado a Guárico.
“Dormimos todos en un galpón, sin aislamiento físico. Hasta tres personas deben pasar la noche entera en un mismo colchón de tamaño individual, no tenemos baños, no tenemos agua, no hay nada. Solo amenazas y malos tratos”, refirió.
Aumenta la curva
Según los hallazgos recién publicados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, (Encovi)[1], 19 por ciento de los 9.932 hogares encuestados reportó que alguno de sus integrantes migró entre 2014 y 2019. En términos generales, el estudio reveló que en los últimos tres años salieron del país 2,3 millones de venezolanos. Hoy con la llegada de la pandemia vemos la migración en reversa con más de 1.800 venezolanos que ingresan a la nación semanalmente solo por el Táchira, pero también vemos los rostros aterrados por el castigo propinado a quienes solo claman por la ayuda y el apoyo que necesitan con urgencia.
“No se puede decir que las personas que estamos acá no hemos protestado para que paren las humillaciones, hemos peleado porque 3 mujeres abortaron porque no se les prestó atención médica, las envolvieron en sabanas y se las llevaron a otros lugares para que no nos diéramos cuenta, nos pusimos en huelga de hambre al ver como preparaban los alimentos y todo ha pasado en 6 días. Hoy es cuando nos harán la prueba a todos porque no había reactivos y debemos esperar que los resultados lleguen desde Caracas unos 6 días más”.
Rubén nos contactó por tercera vez una semana después de que le hicieran la prueba. “La mía dio negativo, pero ahora nos van a llevar 10 días más a un colegio a seguir la cuarentena. Solo 3 personas de los 100 dieron positivo, sin embargo, van a dejar a 20 más porque supuestamente tienen los síntomas ¿cómo no nos vamos a contagiar si estamos sin condiciones adecuadas para un aislamiento preventivo?”.
La historia de Rubén es la misma de Luis, muy parecida a la de Maira y a la de Esteban. Todas tienen una leve diferencia, (Rubén con 21 años de edad, Luis con 55, Maira embarazada y Esteban con VIH y sin tratamiento) pero lo que es muy común son los distintos malos tratos, humillaciones y vejaciones que han vivido solo por haber decidido regresar.
Sin duda el mes de julio estuvo enmarcado por la profundización de discursos discriminatorios y estigmatizantes como el del Protector del estado Táchira, Freddy Bernal, presentando el trofeo de la detención de 36 “trocheros”, al mismo tiempo que catalogaba la acción como “terrorismo biológico”, afirmando que quienes infrinjan la ley con estos negocios serán imputados con penas.
entre los 6 a 10 años, que serán cumplidas en la cárcel El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, luego de una línea discursiva del propio Nicolás Maduro al reportar el aumento de los casos que ellos llaman “comunitarios”.
Las organizaciones sociales, los periodistas, trabajadores de la salud y la ciudadanía tienen la ardua labor de registrar cada historia, escribirlas, documentarlas para que la memoria no se borre, se exija justicia y reparación para todas estas personas, pero, sobre todo, para que no se pierda la memoria y no se repita nunca más.
No son casos importados, son venezolanos que regresaron de la misma forma en la que huyeron de un Estado que les niega sus derechos y les castiga una y otra vez.
