Los casos en donde niños, niñas y adolescentes son los protagonistas continúan aumentando en medio de una pandemia que ha dificultado cualquier tipo de ayuda
En el año 2020 se registró una cifra récord de casos de maltrato infantil en Venezuela. Así lo evidencian los datos del programa Creciendo sin Violencia de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap). Esta organización procesó 4300 consultas en todo el país relacionadas con violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. El número es 17 veces más alto que el registrado en 2017, cuando recibieron 250; 9 veces superior al de 2018, cuando fue de 500; y 4 veces más altos que los de 2019, cuando se superaron las 1.000 consultas de ese tipo.
En el primer trimestre de 2021 ya se superan las 350 consultas, por lo que desde que inició la pandemia hasta la actualidad, se superan los 4.700 casos. Esto es cinco veces más a las previsiones que tenían desde la ONG. Si bien los registros de esta agrupación probablemente no sean representativos del total de casos de maltrato infantil en el país –son muchos más, advierten expertos-, son los únicos datos que se manejan debido a que el Estado no provee información al respecto.
De acuerdo con Abel Saraiba, coordinador de Cecodap, esto tiene una relación evidente con el confinamiento. “Es muy importante destacar cómo la pandemia, y ya lo podemos decir hoy de manera clara, ha tenido un impacto sobre la salud mental, llevando a que el 50% de nuestros casos están asociados a las alteraciones del estado de ánimo. Es decir, ansiedad, depresión, y otras manifestaciones que dan cuenta del deterioro de la salud mental”, dijo para El Diario.
Más alteraciones del ánimo
Saraiba detalló que, de ese porcentaje, entre 20% y 28% de los casos involucran un riesgo de suicidio. Eso también supone un cambio en el patrón de motivos de maltrato infantil, ya que antes de la pandemia las alteraciones del estado de ánimo ni siquiera entraban dentro de las primeras cinco causas de consulta en Cecodap. En los años anteriores predominaban las situaciones de castigo físico o relacionados con la migración. Si bien estos últimos siguen ocurriendo, proporcionalmente son inferiores.
Por otra parte, informó que 12% del total de consultas que recibieron desde el inicio de la pandemia, tiene que ver con la violencia sexual. Le siguen la violencia intrafamiliar y la violencia por motivos de género. En estos casos, explica Saraiba, “los principales agresores suelen ser personas muy cercanas al entorno. Es decir, personas que viven con las víctimas o que frecuentan con ellas”. Por lo tanto, sostiene que el confinamiento empeora esta situación.
«Podemos destacar también un aumento gradual en la demanda. Se presentan de forma más grave y los recursos con los que las personas cuentan para afrontar esta situación se hacen cada vez más frágiles”, añadió el coordinador de Cecodap.
Carla Serrano, secretaria general de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), aseguró para El Diario que desde la coalición que agrupa a ONG también evidencian un aumento cualitativo del maltrato infantil en Venezuela el último año. Sin embargo, esto lo notan gracias a un monitoreo de casos que surgen en las noticias de los medios de comunicación, debido a que el Estado no registra esta violencia desde hace muchos años.
Los expertos coincidieron en remarcar la importancia de las clases presenciales para evitar la violencia infantil. Por lo general, explican que quienes notaban o denunciaban el maltrato en los niños eran los docentes.
La crisis es otra de los detonantes
Serrano agrega otra arista recurrente que no necesariamente tiene relación con la pandemia es la inseguridad alimentaria.
“Muchos niños han sido víctimas de maltrato en la casa porque se comieron equis porción de comida que estaba en la nevera y que era para el día siguiente. Y una mamá angustiada -que no la justifico, pero es el argumento que ellas han dado-, en un momento de desborde le han quemado la boca a un niño, o lo han azotado”, explicó la secretaria general de Redhnna.
El flujo migratorio ha recrudecido la violencia contra los menores de edad. Al migrar los padres de familia, los hijos se quedan al cuidado de otros familiares, o de vecinos, o de padrastros. Estos son, de acuerdo con Serrano y Saraiba, otro de los principales victimarios.
De acuerdo con la secretaria general de Redhnna, los victimarios, en su mayoría, también fueron víctimas en algún momento de su vida de maltrato. Por lo tanto, emplazó a las autoridades a mejorar las condiciones de la educación y hacer justicia en estos casos para así cortar la cadena de violencia. Pero no es optimista con las condiciones actuales: “Esto requiere de una estrategia coordinada, que es lo que no vemos. No ves ningún programa nacional enfocado en esta situación”.
Maltratar no es educar
Frecuentemente los padres que ejercen maltrato en contra de sus hijos menores de edad lo hacen bajo la justificación de que los estaban orientando, corrigiendo o educando. Sin embargo, la directora de Redhnna enfatizó que ninguno de estos procesos debe ir acompañado de violencia física ni de violencia psicológica.
“Ejercer la autoridad parental no quiere decir que tengas que ejercer la violencia. Allí hay una tergiversación, que además es histórica. Esa jerarquía de los adultos hace que, para corregir, les peguen a los niños. Cuando empiezas a infligir dolor, estamos empezando a cruzar la raya. Y si además nuestra dinámica como cuidadores es que te insulto, que te desvalorizo, es que te estigmatizo, estamos hablando de maltrato psicológico. Si esto es recurrente, ya ahí se pasa la raya”, dijo Serrano.
Añadió que la frecuencia y la intensidad del maltrato son indicadores que se tienen en cuenta para configurar los tipos penales. De igual manera, aclaró que esto trasciende a los padres o cuidadores e involucra al resto de la familia que es testigo de un hecho de maltrato o de violencia. De tal manera que si estos son conscientes de estos hechos y no denuncian o tratan de evitarlos, podrían estar involucrados en un eventual proceso judicial.
“La corrección, la orientación y la educación debería ser siempre desde un enfoque en el que respetes los derechos humanos que tenemos todos”, enfatizó Serrano.
La ausencia del Estado
Las leyes venezolanas establecen varios mecanismos para la protección de los DD HH de los menores de edad. Por una parte, el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), refiere que estos “tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral”. Y en los párrafos primero y segundo fija las responsabilidades del Estado en la materia:
«Parágrafo Primero: El padre, la madre, representantes o responsables tienen la obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho. El Estado, a través de políticas públicas, debe asegurar condiciones que permitan a los padres cumplir con esta responsabilidad, inclusive mediante asistencia material y programas de apoyo directo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Parágrafo Segundo: Las políticas del Estado dirigidas a crear las condiciones necesarias para lograr el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado, deben atender al contenido y límites del mismo, establecidos expresamente en esta disposición.
No obstante, tanto Saraiba como Serrano aseguraron que las respuestas estatales son deficientes. Ambos sostuvieron que no hay una política pública para solventar el problema del maltrato infantil, adaptada al contexto de la crisis humanitaria y de la pandemia.
“La respuesta del Estado es muy débil. Especialmente frente a la necesidad que existe, la infraestructura pública en materia de salud mental es muy restringida y se ofrece de manera precaria. Sobre todo, me refiero a centros de atención gratuitos, servicios de atención psiquiátrica hospitalaria, lo cual, si bien algunos se mantienen, operan en condiciones muy restringidas y tienen serias dificultades en cuanto a insumos personales y condiciones mínimas de operatividad”, explicó el coordinador de Cecodap.
En el ámbito local, los Consejos de Protección son las figuras que se deben encargar de recibir estas denuncias. De acuerdo con el artículo 158 de la Lopnna, estos: “Son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías”.
Serrano explicó que es una incógnita si todo los Consejos de Protección del país funcionan. Argumentó que, como empleados públicos, los sueldos que reciben los consejeros son mínimos frente a las funciones que tienen. Por ello, desde Redhnna conocen casos en los que las consejerías funcionan con poco personal. Estos, en teoría, deberían estar conformados por tres consejeros, así como un equipo de psicólogos, pediatras y de otros profesionales.
Pero la falta de respuestas estatales van desde lo micro hasta lo macro. Los Consejos de Protección municipal les rinden cuenta a los Consejos municipales de derechos. El primer órgano atiende los casos de manera individual, mientras que los segundos lo hacen de manera colectiva, en alianza con los organismos de seguridad y de justicia. El funcionamiento de estos dos, a su vez, dependen de la coordinación del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).
“En el país tenemos a un Idenna que debería procesar y recibir la información de los consejos; tener la fotografía nacional del maltrato infantil; debería saber cuántos casos tuvimos el año pasado, antepasado y así; tener una política nacional que debería conectarse con una política local. Pero no tenemos nada en concreto para trabajar y romper este ciclo de la violencia”, insistió Serrano.
El trabajo de las ONG
Frente a la ausencia del Estado, las ONG han tomado un papel protagónico. Sin embargo, señalan que la ayuda que pueden ofrecer es de acompañamiento con las víctimas, asesoría para que denuncien, así como visibilizar la problemática a través de la documentación y publicación de reportes. La justicia, dijeron Saraiba y Serrano, depende del Ministerio Público y de los otros organismos de seguridad del Estado.
Tanto Redhnna como Cecodap trabajan en materia de maltrato infantil. Esta última tiene un servicio de atención psicológica de forma remota para solicitantes de todo el país. Sin embargo, su coordinador aseguró que la pandemia también ha limitado su capacidad de acción debido a que el financiamiento que antes recibían ahora se destina principalmente hacia generar los procesos de vacunación de covid-19 en el país. Saraiba reiteró la gravedad del asunto:
«Si las personas no se encuentran estables en términos de su salud mental, su capacidad de cuidarse y de cuidar de otros es mucho más restringida. Por lo que exhortamos a que en medio de la dura realidad que se vive, no se deje de lado la necesidad de acompañamiento y de atención psicosocial que tiene la población, puesto que tiene un impacto notable».
Por su parte, Serrano hizo un llamado a la población para que recuerde que los derechos de los niños son materia de orden público.
