Retorno progresivo. A una semana de que cesaran los tiroteos y el Gobierno de Nicolás Maduro afirmara que liberaron a la Cota 905 de las megabandas, que ahí se asentaron hace más de un lustro, algunas familias y personas que huyeron de esa comunidad para resguardar sus vidas decidieron volver a sus hogares.
El sábado 9 de julio, la ONG Otro Enfoque albergaba a unos 30 niñas, niños y adolescentes, y algunas madres jóvenes que viven en ese sector al suroeste de Caracas y son beneficiarios de sus programas. Para este viernes 16 de julio solo 16 menores de edad, en su mayoría adolescentes, continuaban pernotando en sus instalaciones.
La coordinadora del equipo psicosocial de la organización, Carolina Terán, dijo a Efecto Cocuyo que las viviendas de algunos de los que permanecen en su sede se vieron afectadas por el impacto de las balas y la explosiones. Sin embargo, indicó que los reportes de otros que sí volvieron a la zona señalan que algunos sectores regresan poco a poco a la normalidad.
La especialista informó que ya se encuentra activa la línea de apoyo psicosocial a disposición de las familias de la Cota 905 para ofrecer contención y acompañamiento tras los hechos violentos que vivieron durante los días 7, 8 y 9 de julio.
Para ello, habían activado una compaña en búsqueda de psicólogos y psicólogas voluntarias que brindaran su atención a los habitantes de la zona vía telefónica.
Terán agregó que los niños, niñas y adolescentes que aún permanecen en la ONG, que trabaja en la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, continúan con su atención psicológica individualizada.
Política de seguridad integral
El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explicó que es fundamental recordar la experiencia vivida en la Cota 905 durante el año 2015, cuando se ejecutó la primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para desarticular a la delincuencia organizada en la zona.
Rememoró que entonces los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a alrededor de 15 personas, permanecieron algunos días en la comunidad y luego se retiraron.
“A los pocos meses regresaron los delincuentes y volvieron a tomar el control de la zona. En ese momento se les prometió a las familias que iban a haber mejoras económicas y sociales, pero eso se convirtió solo en promesas”, expresó.
Alvarado que es necesario implementar una política de seguridad ciudadana integral en el sector. Que se brinden oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes y así evitar que la delincuencia los capte, y que se atiendan las fallas en los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la población.
El abogado consideró que también es fundamental que más allá de tener presencia policial en la zona, se establezca una relación de respeto y confianza entre los funcionarios y los habitantes de esa comunidad.
En el diseño y desarrollo de estas políticas de seguridad también se deberá incorporar a la comunidad organizada y se le de participación a los sectores de la iglesia y organizaciones de la sociedad civil.
Promesas de reparación y justicia
Un vecino que prefirió no ser identificado dijo a Efecto Coyuyo que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional electa en 2020 visitaron la comunidad.
Los parlamentarios recabaron datos sobre las personas que perdieron bienes materiales durante los enfrentamientos. Informaron que se prevé crear una comisión especial para investigar las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos en la zona.
Los enfrentamientos entre grupos irregulares armados, policías y militares en la Cota 905 causaron el desplazamiento forzado de al menos 72 familias, según dijeron cuerpos de seguridad al diario Últimas Noticias.
De acuerdo con la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, en la Cota 905 y las zonas aledañas se activaron en la zona 34 puntos de control con el propósito de mantener las zonas bajo el control policial.
