Defensores de derechos humanos denuncian mafias de tráfico de niños en tribunales de Venezuela

Fuente: NIUS

En medio de la pandemia, el tráfico de niños, niñas y adolescentes ha incrementado hasta convertirse en uno de los mayores temores para los representantes que por diversas razones se encuentran en tribunales


  • En algunos casos hay madres que tienen más de 4 años sin poder ver a sus hijos tras procesos judiciales que consideran fraudulentos
  • Denuncian extorsiones que incluyen dinero y bienes muebles a cambio de la guardia y custodia de niños

«Fabricio ya son 1510 días sin ningún tipo de contacto contigo«. Se leía en una de las pancartas que en cuestión de minutos forraron las paredes y puertas de los comercios ubicados al frente del Circuito de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas, donde las madres integrantes de la Fundación Venezolana de Niños Retenidos, Sustraídos y Desaparecidos, (Fundevines), comenzaron una huelga de hambre a principio de semana.

Una medida extrema para denunciar y exigir el fin de los fraudes judiciales que sistemáticamente, aseguran, se emite en los tribunales de menores y que han dejado a muchas madres sin la custodia de sus hijos.

Madres sin derechos

Lidis Guevara, una madre licenciada en administración, ha viajado 5 horas desde el oriental estado Anzoátegui  para integrarse a la protesta. Hace tres años perdió la guardia y custodia de sus dos hijos de 4 y 5 años, tras ser declarada madre ausente por un tribunal en un proceso judicial que denuncia estuvo totalmente viciado. Su caso es uno de los más emblemáticos entre las madres que exigen se les restablezca el derecho a ver a sus hijos.

El exesposo de Lidis es Juez del Circuito Judicial Penal, un cargo que asegura utiliza para imponer sus intereses en un litigio donde sus alegatos siempre han sido ignorados. “He introducido mil diligencias y hasta el momento no tengo ninguna pronunciación ni del tribunal octavo, ni del noveno”, cuenta Lidis después de fijar un cartel con el nombre de sus hijos y un mensaje que hace referencia a la corrupción judicial que denuncia. Su ex esposo la ha demandado en tres tribunales distinto. Para ella, un reto económico y físico que merma sus capacidades.

“Se rumorea en todos los pasillos, que aparentemente esta persona está conectada y aparentemente es por eso las trancas que el tribunal está presentando”, denuncia la madre. “Es un grado de desesperación, de desgaste. No te imaginas la impotencia al no poder ver a mis hijos. Saber que mis hijos actualmente ya ni siquiera me deberán conocer; le están quitando todos sus derechos tanto a ellos como a mí”, lamenta Lidis entre lágrimas. Asegura que su exesposo ha aprovechado el fallo vigente para cortar cualquier tipo de comunicación con sus hijos; no puede ni llamarlos.   

Sin pruebas forenses

Oriana y Victoria 915 días. Ha pasado el tiempo desde que se fueron de mis brazos y mi corazón llora su regreso”, es el mensaje que Gina García quiere enviar sus dos hijas de 9 y 16  a quienes no ve desde hace tres 3 años. Su caso no es muy distinto al anterior. Gina cuenta que un día llegó a su casa y no pudo entrar. Así se enteraba de que un tribunal le había quitado la custodia  por un supuesto delito de trato cruel contra su hija mayor, en un proceso en el que afirma nunca hubo una prueba forense que lo confirmara y tampoco informes psicológicos.

Para Gina este es el precio que deben pagar muchas mujeres en Venezuela por divorciarse y no tener poder económico. “Aquí quien tiene la parte económica es quien tiene la guardia y custodia, dice la madre de 40 años, porque “no hay derechos, no son respetados los derechos de nuestros hijos ni de nosotras las madres. “Sencillamente un día llegué a mi casa y tenía una medida que tenía que irme o iba presa, entonces tuve que abandonar mi casa”, cuenta Gina, visiblemente afectada por una situación que ha debilitado su salud mental y por lo que ha debido ser medicada.

“He tenido tres abogados, que me cobraban mucho pero siempre terminaban siendo amigo del padre de mis hijas”, sostiene Gina García sobre la desgastante lucha a la que debió renunciar por un tiempo, para, literalmente salvar su vida. “Actualmente estoy retomando otra vez ya que mi hija (menor) me comentó  que venía siendo maltratada, golpeada, abandonada y estaba amenazada de no contármelo”, afirma. Un caso de maltrato cruel que ha denunciado ante el Cuerpo de Investigaciones Científica Penales Criminalística (CICPC) pero que tampoco ha servido de mucho a pesar  de que el informe sicológico confirmó la agresión.

“Como padre es muy difícil”, dice el director de Funvenides, Martin Geymonat. “Porque eres víctimas de extorsión ya que estas bandas después que tienen las medidas cautelares de alojamiento de los niños o los niños son sacados de tus contactos, te llegan a extorsionar con bienes muebles, dinero,  para permitir el acceso a los niños”,  señala Geymonat, también director para Venezuela de Infancia Primero de Latinoamérica y Europa.

Tráfico internacional de niños

Además para Geymonat, detrás de los casos de alienación parental y obstrucción de vínculos parentales, hay una mafia de alcance internacional que se mimetizan en un sistema judicial corrupto. Por ello exige que se investigue una red de tráfico internacional de niño, “ya que los tribunales venezolanos están siendo utilizados por mafias para traficar internacionalmente con niños que no son venezolanos  y tampoco residen en Venezuela pero se utilizan sentencia de tribunales venezolanos”. 

Como ejemplo, Geymonat  expone el caso de un niño español que se encuentra actualmente en Chile, al que un tribunal venezolano decretó el ejercicio unilateral de la patria potestad en nombre de la madre, pero el niño ni es venezolano y tampoco ha vivido en Venezuela. A pesar de ello una sentencia facultó a la madre venezolana para llevar al niño a vivir en Chile. “Por eso hablamos de una red internacional de tráfico de niños amparados con un velo de legalidad de juzgados venezolanos que no son competentes sobre esos niños”.

Actualmente hay más de 60 casos activos de los 100 que algún momento llegaron a manejar en la  Funvenides. Según Martín Geymonat, unos 30 niños han sido recuperados a través del Convenio de la Haya, que garantiza la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante.

Mafia en los tribunales

Mientras avanza la mañana y el inclemente sol se pone más caliente en el centro de Caracas, la protesta va sumando apoyo de algunos especialistas. Uno de ellos, es el abogado constitucionalista Kelvin Zambrano quien ha seguido de cerca cada uno de los casos de (Funvenides)  Sostiene que “Hay toda una mafia en torno a estos tribunales y no es un secreto que eso sucede en todos los niveles del sistema de justicia venezolano”.

Explica que además de las violaciones a los derechos de niños existe también una violación del derecho  procesal. En la mayoría de los casos los afectados se enteraran cuando ya hay una sentencia, lo que “da origen a una estafa procesal, a una estafa legal, a una ilegalidad y a una inconstitucionalidad que el estado venezolano debe de una u otra forma resarcir a los padres en virtud de la violación de los derechos humanos del niño”.

“No estamos hablando de una propiedad, de un vehículo, estamos hablando de personas que son acreedoras de derechos humanos, personas que están en su fase de desarrollo y que se consiguen con estos conflictos que tienen una afectación psicológica, alerta el también defensor de los derechos humanos, Kelvin Zambrano

Además sostiene que con ello el Estado estaría violando los convenios internacionales suscritos en la protección de los derechos del niño por lo que se arriesga a ser sancionados por organismos internacionales.

Por ahora y tras más de 24 horas en huelga de hambre, al menos lograron acordar mesas de trabajo en el Tribunal Supremo de Justicia, donde esperan exponer cada uno de los casos denunciados. Amanecerá y veremos.

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