A juicio de Thelma Fernández, las detenciones por exigir salario digno, equipos de bioseguridad y vacunas contra la COVID-19 califica a todas luces como «violencia institucional y sistemática» de varios derechos establecidos en la Constitución
Según la información de Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles por protestar y exigir sus derechos
(13-08-2021). Protestar para exigir medicinas, insumos médicos, salarios dignos y vacunas contra la COVID-19 parece ser un delito en Venezuela, y no un derecho de los trabajadores de la salud establecido en la Constitución.
El hecho más reciente de criminalización y violencia estatal contra los trabajadores de la salud, es el de la licenciada en enfermería Ada Macuare, quien el pasado 21 de julio fue detenida por órdenes de la directiva de su centro de salud, encarcelada e imputada por los delitos de “instigación al odio” y “terrorismo”.
Macuare tenía apenas 40 días como jefa del área de enfermería en el hospital Alí Romero Briceño de Barcelona. Desde la dirección del cargo, exigía constantemente suministros médicos, medicinas para los pacientes, equipos de bioseguridad y vacunas para todo el personal de salud.
Cinco días después de la detención de Macuare, practicada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue presentada ante un tribunal que acordó medida privativa de libertad, luego de que el Ministerio Público (MP) la juzgara bajo la cuestionada “Ley contra la Odio”.
Según la abogada defensora de la licenciada en enfermería, Ana Suniaga, en el proceso contra Macure ocurrieron varias violaciones al debido proceso.
“En seis días, los familiares no la pudieron ver, no le permitieron llamar a nadie, a los abogados no nos permitieron verla, ni hablar con ella. Los funcionarios llegaron al centro de salud haciéndose pasar por pacientes, los examinaron y, cuando fueron a darles el récipe, se escurrieron y la fueron a buscar a su oficina y la sacaron esposada”, detalló Suniaga en entrevista realizada por la ONG Espacio Público.
El pasado miércoles 4 de agosto, el movimiento sindical Monitor Salud informó que Ada Macuare tuvo que ser trasladada a un centro de salud tras sufrir una crisis hipertensiva.
Al día siguiente, el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Cira anunció a través de su cuenta en Twitter, que el equipo legal de la enfermera logró una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 30 días, otorgada por el Tribunal de Control 7 de Barcelona.
Macuare pasó a ser otro caso de excarcelación, pero sin libertad plena, a pesar de no haber cometido ningún delito.
Derechos vulnerados
Sobre el caso de Ada Macuare y del resto del personal de salud que han sido detenidos, encarcelados y procesados con medidas cautelares, la abogada especialista en Derecho Penal y en Criminalística, Thelma Fernández afirmó que “se están violando derechos sobre derechos”.
“El Estado venezolano no solo viola el derecho a la salud, también viola el derecho de los trabajadores en esta área a unas condiciones de laborales dignas, luego viola el derecho a la protesta previsto en el artículo 68 de la Constitución, y como si fuera poco, se violenta flagrantemente el debido proceso al proceder a la detención de Ada Macuare sin que estuviese cometiendo delito alguno y sin que hubiera una orden de detención en su contra, manteniéndola incomunicada de sus familiares y abogados durante tres días para luego imputarle delitos graves que a todas luces son inexistentes”, explicó Fernández.
A juicio de Thelma Fernández, la criminalización de los trabajadores del sector salud por sus válidas exigencias de medicinas, salario digno, equipos de bioseguridad y vacunas contra la COVID-19 califica a todas luces como violencia institucional y sistemática de varios derechos establecidos en la Constitución.
“El artículo 87 de la CRBV establece, entre otras cosas, que el Estado debe garantizar la adopción de medidas necesarias para que toda persona pueda tener una ocupación productiva que además le proporcione una existencia digna y decorosa. Por su parte, la Ley de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) es una ley especial cuya finalidad es garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales. Todos estos derechos están siendo violados de manera reiterada a los trabajadores de la salud; aparte de ello, se les violenta el derecho a la protesta cuando se les priva arbitrariamente de su libertad a quienes deciden reclamar públicamente esos derechos”, dijo la abogada.
Patrón represivo
La detención arbitraria de Ada Macuare no es el único caso que ha ocurrido en el país. De hecho, desde el año 2018, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vienen registrando el mismo patrón represivo en contra de los trabajadores de salud que alzan su voz para expresar su descontento.
Según un conteo que realizó Runrun.es del personal de salud detenido por protestar y exigir condiciones laborales dignas y también medicinas e insumos, en 2018 seis médicos y un enfermero fueron judicializados y uno de ellos fue liberado bajo medida de presentación cada 30 días.
En 2019, la cifra se elevó. En el mes de abril, los ánimos en el país estaban caldeados por las acciones de protestas de la oposición lideradas por Juan Guaidó. La petición de entrada de la ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos fue un momento que generó gran tensión en el país, lo que hizo que gran parte del personal de la salud saliera a las calles en apoyo a las acciones del líder político.
En total, 11 médicos, 5 asistentes de farmacia, 1 farmacéutica, 1 dirigente sindical y el jefe de seguridad de un hospital del estado Táchira, fueron detenidos por apoyar la entrada de los camiones que contenían medicinas e insumos médicos.
La emergencia humanitaria compleja que venía arrastrando Venezuela se desbordó con la llegada de la pandemia en marzo de 2020. La escasez de insumos médicos y de bioseguridad, escasez de agua, fallas eléctricas, el salario más bajo de Latinoamérica y poco personal debido a la diáspora fueron los detonantes para que nuevamente el gremio de médicos y enfermeros exigiera sus derechos y también para que el patrón represivo del Gobierno posara sus ojos sobre los profesionales de la salud.
8 médicos, 2 enfermeras, 1 bioanalista y 1 epidemióloga fueron detenidos por denunciar públicamente la situación de los hospitales con la llegada de la pandemia.
De los 12 casos registrados, 7 fueron imputados por incitación al odio, 1 por terrorismo y 2 fueron acusados de hurtar material médico-quirúrgico cuando se conoció, por medio de declaraciones del gremio, que el trasfondo de las detenciones en realidad era por protestar.
También, se registró un caso de detención por «ocultar información» y otro caso de un médico que fue detenido y presentado ante los tribunales por no llevar puesto el tapabocas.
De los 12 casos registrados durante el 2020, 4 fueron liberados bajo medida de presentación cada 30 días y 8 quedaron en libertad plena.
En lo que va de 2021, además de Ada Macuare, la enfermera Johana Perales también fue detenida por protestar, y fue liberada a las dos horas.
Asimismo, el secretario del Movimiento de Trabajadores por la Salud en Anzoátegui, Edisson Hernández, iba a ser detenido por exigir mejoras salariales, vacunas e insumos médicos. Pero la acción de un grupo de enfermeras pudo evitar su detención.
Desde 2018 hasta entonces, un total de 43 personas del sector salud han sido detenidos y procesados por reclamar insumos médicos y un salario digno; de ellos, 3 han quedado con régimen de presentación cada 30 días, mientras que 4 tienen casa por cárcel.
Según la información de Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles por protestar y exigir sus derechos.
A juicio del dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, callar las voces disidentes ha sido una política establecida en el sector por parte del gobierno.
“Hemos tenido muchos casos de atropellos donde si los trabajadores levantan la voz, caen las fuerzas represivas que por lo general ha sido contra las mujeres porque el 75% de los trabajadores sanitarios son damas”, dijo.
Por su parte, en su informe del primer semestre de 2021, la organización Monitor Salud reveló que en cada una de las regiones del país estudiadas, reportaron «incidentes y amenazas» contra el personal que demanda mejores condiciones de trabajo. En específico, registraron 312 casos en todo el país.
Según estos datos, oriente es la región en la que más incidentes se registraron durante el semestre, con un total de 144. Y el centro de salud con más situaciones de este tipo fue el Complejo Docente Hospital Luis Razetti (Anzoátegui), en el que tuvieron lugar 26 amenazas.
«En 4 centros de salud, además de amenazas, también se registró coacción para renunciar: Hospital Antonio Patricio de Alcalá, Ambulatorio Arquímedes Fuentes Serrano, Hospital Dr. José Gregorio Hernández y Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas», cita el reporte.
En lo que respecta a la región occidental, contabilizaron 138 incidentes durante los primeros 6 meses de 2021. El Hospital Universitario de Maracaibo encabeza los registros de más amenazas (con 26) mientras que en el Hospital Pedro E. Carrillo se reportaron 11 amenazas y 14 coacciones.
Entretanto, la región centro acumuló 30 casos de amenazas; la mayor parte de estas sucedieron en el Hospital Dr. Ángel Larralde, ubicado en el estado Carabobo. Le siguen el Hospital Dr. Pastor Oropeza de Lara, desde donde se notificaron 8 amenazas y una coacción para renunciar.
La riesgosa Ley contra el Odio
Desde el año 2018, el delito más imputado a los trabajadores de la salud ha sido la «incitación al odio», contemplado en una ley que fue aprobada por la asamblea nacional constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
Sobre la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la abogada Thelma Fernández afirma que, en teoría, busca promover y garantizar la tolerancia, el respeto y la paz colectiva y penalizar cualquier discurso que incite al odio, a la violencia o discriminación.
“Pero todos sabemos que este instrumento legal en realidad ha sido creado con la única finalidad de limitar y criminalizar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país”, dijo.
Fernández explica que la Ley contra el Odio es inconstitucional porque no cumplió con el requisito de la legalidad de ser creada por la Asamblea Nacional y también porque no establece de forma clara una conducta específica por parte del sujeto activo para considerarlo incurso en la comisión de dicho delito
“La Ley contra el Odio deja abierta la posibilidad de que se interprete la norma a conveniencia y que cualquier conducta pueda encuadrarse en este tipo penal, lo que evidencia una ambigüedad legislativa en materia de libertad de expresión que es altamente nociva para la democracia de cualquier país, por lo que es claro que ésta ley, además de ser írrita, violenta derechos humanos elementales”, afirmó Thelma Fernández.
Un artículo publicado por la ONG Espacio Público en mayo de 2021, señala que, a tres años de la creación de la Ley contra el Odio, se registraron al menos 45 casos en los se usó o invocó la “ley contra el odio” hacia personas por expresarse, lo que derivó en un total de 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión.
El caso del médico ginecólogo Luis Araya, detenido el pasado 15 de abril de 2020 en el estado Lara por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), es uno de los casos más representativos de cómo se aplica la Ley contra el odio en el país.
Araya fue aprehendido mientras estaba en su consultorio en Carora, por publicar una imagen en su estado de Whatsapp correspondiente a un funcionario público del gabinete de Nicolás Maduro. Un día después, en la audiencia de presentación, le fue impuesta medida cautelar de presentación cada 30 días.
Un caso similar ocurrió en el estado Zulia. La ginecóloga Andreína Urdaneta fue detenida el 26 de mayo de 2020 por delitos de «incitación al odio y ofensa al presidente de la República» al publicar en su estado de WhatsApp una imagen en contra de Maduro con una soga en el cuello. 15 días después fue liberada, pero al igual que Araya, con régimen de presentación mensual.
El informe de Monitor Salud determinó que, durante la pandemia, ha habido un incremento significativo en los casos de persecución, hostigamiento y amenazas en contra de cualquier trabajador que dé cumplimiento a su derecho a exigir condiciones dignas, que no solo garanticen mejoras en su calidad de vida, sino que aseguren que en el desarrollo de sus funciones contarán con todos los equipos necesarios.
Espacio Público también reseñó que no solo los trabajadores de la salud han sido víctimas de la Ley contra el Odio. En tres años, a 16 trabajadores de medios de comunicación, 10 particulares, 9 activistas y miembros de ONG, 5 que involucran a infociudadanos y población en general, y a 2 medios de comunicación, se les ha aplicado la polémica ley.
La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en su artículo 20 sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
El artículo 22 establece que toda persona que difunda un “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias.
En la lucha
El gremio médico y de enfermería ha denunciado con insistencia desde el año 2017 la situación de los hospitales públicos del país y la escasez de insumos y medicamentos, aunque en reiteradas ocasiones la lucha se ve empañada por procesos judiciales arbitrarios.
Sobre las exigencias que el sector le hace al gobierno de Nicolás Maduro, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, lamenta que el responsable de garantizar salarios dignos y condiciones de trabajos decentes y seguras no escuche la voz del trabajador que clama por condiciones laborales seguras.
“El gobierno no está cumpliendo con el deber de garantizar y proteger la salud del venezolano, con el deber de proteger y garantizarle a los trabajadores el salario suficiente y condiciones de trabajo seguras, lo que hace es, a través del poder judicial, tratar de silenciar la voz de protesta, mediante una ley totalmente arbitraria e injusta con la cual se viola la libertad de expresión”, afirma Contreras.
Ana Rosario Contreras aseguró que las condiciones de trabajo del gremio de la enfermería son de gran vulnerabilidad para el derecho a la vida. “Hoy, lamentablemente los contratos que el ejecutivo del señor Maduro ha realizado con un sindicato oficialista no han logrado mejorar las condiciones de los trabajadores, por el contrario, seguimos en extrema pobreza”, dijo.
La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas asegura que ellos son doblemente afectados con la situación, pues técnicamente, no cobran un salario y se exponen cada día al contagio del COVID-19 porque no cuentan con equipos de bioseguridad y el 80% de los hospitales tienen fallas en el suministro de agua y electricidad.
El balance del primer semestre de 2021 de Monitor Salud expone que, a un año de la pandemia, el personal de salud ha dado la cara frente a una crisis sanitaria sin precedentes, exponiendo sus vidas y la de sus familiares.
En el monitoreo, Monitor Salud determinó que la guantes, tapabocas y protección facial son los insumos más ausentes en la región central y occidente, con un 54%, mientras que la Asociación Civil Convite registró una escasez general de medicamentos de 43.6% a nivel nacional.
Según el reporte de Médicos Unidos Venezuela, hasta el 9 de agosto, la cifra de fallecidos del sector salud como consecuencia del COVID-19 se ubicaba en 722 personas.
