Comunidad LGBT en Venezuela exige sus derechos sin instrumentalización política


Fuente: El Diario

Yendri Velásquez, activista de la ONG Caleidoscopio Humano, y Vanessa Blanco, cofundadora de Joven Pride, explicaron para El Diario que además de la aprobación de leyes para garantizar los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, son necesarias políticas públicas para acabar con los prejuicios en la sociedad venezolana


En el contexto de vulneración de los derechos humanos de la población venezolana, la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) es una de las más afectadas. A la falta de leyes sobre la materia y de planes educativos para acabar con la discriminación, se le suma también la indiferencia de la clase política, aunque usen como bandera algunas reivindicaciones del activismo. Así lo denuncian para El Diario los activistas de DD HH Yendri Velásquez y Vanessa Blanco.

Una muestra de la instrumentalización de los derechos de la comunidad LGBT, advierte Velásquez, es la última decisión de la Asamblea Nacional (AN) del chavismo. El 13 de mayo, el legislativo electo en diciembre de 2020 proclamó el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en Venezuela. Esta resolución, sin embargo, ya había sido aprobada en el año 2016 por la legítima AN que ahora lidera Juan Guaidó y fue anulada en aquel momento por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro.

No obstante, el integrante de la ONG Caleidoscopio Humano resaltó que más allá de estas declaraciones, en Venezuela no existe un interés de los bandos políticos por promover hechos concretos que protejan a la comunidad. “Si vamos a los hechos, no hay un compromiso real de ninguno”, asevera Velásquez. Y es que derechos como el matrimonio igualitario, el cambio de identidad para las personas transgénero o la adopción homoparental ni siquiera se han discutido en espacios públicos.

Propaganda roja

Contrario a la agenda cultural que generalmente impulsa la izquierda en otras partes del mundo, el chavismo ha optado por ignorar los derechos de la comunidad LGBT y las políticas de género. Salvo contadas excepciones, comenta Velásquez, no ha creado mecanismos que protejan a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El activista ejemplifica que en el año 2020 se creó una defensoría sobre temas LGBT, pero hasta ahora no hay ningún documento ni informe sobre los resultados de la misma.

Durante los últimos años Maduro ha jugado con la posibilidad de aprobar el matrimonio igualitario. Primero, prometió que el tema se discutiría en la asamblea nacional constituyente (ANC), algo que nunca sucedió. El año pasado cambió su promesa, y en medio de la campaña electoral, pasó la responsabilidad a la AN electa en diciembre. De acuerdo con Velásquez, eso también obedece a la alta presencia de grupos evangélicos dentro de las filas del chavismo.

Al final eso se ha traducido en pura propaganda política para que ellos puedan lavarse la cara, o hacer, como lo llamamos en el activismo, el pinkwashing (lavado rosa) ante las acusaciones de que son violadores de derechos humanos y cometen crímenes de lesa humanidad”, opina el integrante de Caleidoscopio Humano.

Si bien sostiene que “hay mucha más hipocresía” en este tema entre quienes ostentan el poder desde hace más de 20 años, explica que dentro de los partidos opositores el panorama no es muy diferente. “Al final, si hay una cosa en la que coinciden los sectores políticos, es en el tema instrumental de las reivindicaciones LGBT”, añade.

Estado laico en el papel

Velásquez asegura que ha integrado procesos en privado como el Plan País –una estrategia de gobierno de la oposición- en el que a pesar de que se discutieron derechos como el matrimonio igualitario, estos finalmente no se incluyeron por falta de apoyos de partidos como Primero Justicia.

En opinión del activista, esto se debe, en parte, a la incidencia de las religiones en la política nacional. Argumenta que así como dentro de las filas del chavismo hay presencia de grupos evangélicos, también sucede dentro de las formaciones opositoras. En este último caso, especialmente de la Iglesia católica.

“Lamentablemente sí tiene incidencia los prejuicios basados en las religiones y lamentablemente el Estado laico quedó solo en papel”, comenta Velásquez.

En medio de este panorama, sin embargo, todavía hay espacios en el país que ayudan a visibilizar los derechos de la comunidad lgbt. Se trata de las organizaciones sin fines de lucro. En Venezuela hay al menos siete ONG que se dedican exclusivamente a los derechos de la comunidad LGBT. Somos, Unión Afirmativa, Venezuela Igualitaria, Joven Pride, Prodiversxs, Interseccional, NUDDSO. Otras, Caleidoscopio Humano entre ellas, también velan por estos derechos.

“Quienes han tenido que asumir estas reivindicaciones y estas luchas han sido las asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos ya sean nacionales o internacionales. Esto con una gran dificultad, porque al tener una crisis humanitaria compleja, quienes tienen que sortear con las dificultades de ayudar a las personas que necesitan asesoría, ayuda legal, algún tipo de terapia psicológica, lo tienen que hacer con las uñas”, explica Vanessa Blanco, cofundadora de la ONG Joven Pride.

Son derechos, no favores

Velásquez sostiene que desde las ONG seguirán exigiendo los derechos de la comunidad LGBT en Venezuela.

No es un favor que estamos pidiendo, esto no tiene que depender de la voluntad política de ningún actor, es un deber de los representantes del Estado garantizar los derechos humanos para todos sin discriminación”, enfatiza.

En ese sentido, Blanco reitera que no hay derechos humanos más importantes que otros. Por ello menciona que se pudiera hablar, en cambio, de cuáles son más urgentes en cuanto a las posibilidades que podría generar en la comunidad LGBT. Uno de ellos es la aprobación del matrimonio igualitario; el cual, entre otras cosas, abriría la puerta a las parejas a tener seguros médicos como familiares, a poder adquirir una vivienda legalmente entre las dos personas, a tener mayor seguridad laboral, entre otras. Añade como otra urgencia una ley de identidad para que las personas transgénero puedan identificarse legalmente según el género con el cual se identifican.

Pero todo esto, advierte la cofundadora de Joven Pride, seguiría siendo insuficiente si no va acompañado de políticas públicas que ataquen directamente la discriminación en la sociedad.

“Las leyes por sí solas no son lo único que necesitamos. Se necesita un cambio total, desde lo social, cultural, hasta las políticas públicas que promuevan que eso se esté llevando a cabo. Si esas leyes no vienen acompañadas de un esfuerzo para que las personas cambien, no vamos a lograr nada”, opina.

Desmontar los prejuicios

Blanco asevera que en la sociedad venezolana está normalizada la violencia y la discriminación contra la comunidad lgbt. Por eso recomienda especialmente a las personas heterosexuales la educación en estos temas; para entender que se trata de una realidad y no de “derechos humanos especiales”.

En este aspecto Velásquez cree que hay un cambio en las nuevas generaciones. A juicio, esto se debe más al acceso a la libre información que a políticas de Estado.

“La verdad no ha existido ningún tipo de iniciativa que vaya orientado al desmontaje de los prejuicios y de los estigmas que promueven la discriminación, pero los cambios no llegan solos. Los cambios hay que impulsarlos. Ningún derecho humano fue conquistado por la voluntad de los poderosos, sino por la insistencia de quienes estaban siendo oprimidos”, concluye el activista.

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