Chile arrecia la amenaza de expulsión a venezolanos en situación irregular

Fuente: El Diario

El viernes 7 de mayo organizaciones denunciaron la detención de varias personas en la ciudad de Santiago que pretendían ser expulsadas del país austral. Foto: Referencial / Agencia Uno


Un procedimiento diferente al que se observaba en los meses anteriores. En esta ocasión, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llegaron alrededor de las 7:00 am, del viernes 7 de mayo, hasta los domicilios en donde habitaban venezolanos que habían ingresado al país austral por pasos no habilitados.

La misión era detenerlos y trasladarlos hasta la ciudad de Iquique para luego llevarlos hasta un avión que los devolvería directamente a Venezuela. País del que huyeron por considerar que sus vidas corrían peligro debido a la crisis humanitaria y política que enfrenta la nación. 

El procedimiento tomó por sorpresa no solo a las personas afectadas, sino también a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que rápidamente se acercaron hasta la sede policial en donde tenían a estos migrantes detenidos.   

“El operativo fue muy diferente. No estaba enfocado en las personas en refugios en el norte del país, sino en quienes ya estaban en Santiago de Chile. Nosotros no nos enteramos por los familiares que estuvieron y otros que no estaban en el momento de las detenciones. A esas personas no les permitieron comunicarse”, comentó Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), en entrevista para El Diario.

Explicó que el trabajo policial inició durante la semana. Los funcionarios llamaron a las personas para verificar sus datos y si era correcta la dirección que habían ofrecido. 

Estas personas tenían una orden de expulsión, muchas de ellas emitidas durante las dos últimas semanas”, recalcó Patricia.

Enfatizó que los afectados están amparados por el artículo transitorio 8 de la nueva Ley de Migraciones. Ahí se establece un tiempo de 180 días para que los migrantes que ingresaron de manera irregular puedan abandonar el país de forma voluntaria, solicitar una visa en el exterior y luego poder regresar de manera legal.

“Tenemos varios casos puntuales. Uno de ellos es una pareja: el esposo ya se había ido a trabajar y se llevaron detenida a la esposa. Otro caso es un grupo familiar; una madre con sus tres hijos, uno de ellos de 4 años de edad. En este caso, se llevaron a los hijos mayores de edad y a la madre no la detuvieron por la presencia de este niño”, mencionó.

  • Sin embargo, gracias al trabajo de las organizaciones, como Asoven y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, más de 20 venezolanos fueron liberados este sábado 8 de mayo luego de que la Corte de Apelaciones dio la orden de impedir las expulsiones, luego de que se introdujeran recursos de amparo para los migrantes.

Un proceso obligatorio en Chile, pero con riesgos

Ante la ola de expulsiones, muchos de los extranjeros, en su mayoría venezolanos que ingresaron de manera irregular, temen autodenunciarse ante las autoridades para no correr el riesgo de ser expulsados de Chile. 

En respuesta a ello, Patricia Rojas explicó que este proceso es obligatorio. Con este requisito las personas extranjeras que ingresaron por pasos no habilitados al país tendrían la oportunidad de regularizarse.

“Cuando la persona se autodenuncia debe tratar de no hacerlo sin asesoría legal. Deben acercarse a las clínicas jurídicas y fundaciones que dan consultoría  legal antes de hacer el acto de la autodenuncia”, dijo.

Explicó que quienes reciban una carta de expulsión deben acudir de inmediato a recibir asesoría legal para poder tramitar un proceso de amparo.

Autodenunciarse

Se refiere a cuando las personas que ingresan de manera irregular a Chile se dirigen a una comisaria para denunciar su situación. En este procedimiento son presentados en la jefatura nacional de migraciones para posteriormente recibir una orden de expulsión del país. Esa orden se puede llevar a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de amparo para que la corte vea si la mantiene o la retira.

Si la retira la persona se puede regularizar mediante un procedimiento especial que se hace con el Ministerio del Interior.

“Una vez que se recurre, los tribunales (generalmente la mayoría) dan la orden de no innovar, que significa suspender el acto de la expulsión. Es decir, existe una sentencia sobre el procedimiento”, recalcó.

Informó que las personas que han atendido hasta el momento no poseen antecedentes penales en Venezuela y que el único delito que han cometido es haber ingresado a Chile por pasos no habilitados.

“Otra vez se vulnera el derecho fundamental al acceso a la justicia y a la defensa”, lamentó Patricia. 

Abogados preocupados

Tras conocerse la detención de alrededor de 24 migrantes para ser expulsados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguró que en estos procesos ha habido “algunos vicios”. 

De acuerdo con lo publicado en el medio Cooperativa, el INDH estimó que en los procedimientos hay manipulación hacia las personas para que firmen sus propias salidas. Así como que se ejecuten las detenciones a pesar de que se estén tramitando los recursos de amparo. Asimismo, detallaron que las expulsiones no estarían respetando los plazos mínimos para impugnarlas. 

Por su parte, Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante, expresó su preocupación por la manera en la que se estarían implementando estas expulsiones. 

Nos preocupa porque es día viernes y la forma de operar que hemos visto en los vuelos anteriores es que se hace en fin de semana en función de evitar el derecho que tienen las personas a que se presente un amparo y que un Tribunal lo considere. Además, se le evita a la persona tener la posibilidad de tener un asesoramiento jurídico”, acotó Cardoza en una entrevista para Diario U de Chile.

El gobierno chileno materializó la primera expulsión de 138 migrantes el 11 de febrero en el denominado Plan Colchane. Comunidad que fue afectada debido al ingreso masivo de extranjeros por pasos irregulares. 

La segunda expulsión se realizó el pasado 25 de abril, perteneciente a un programa de la Subsecretaría del Interior y el Departamento de Extranjería y  Migraciones. El gobierno contrató 15 vuelos de la empresa Sky para materializar expulsiones de extranjeros que ingresaron de manera ilegal a Chile. 

  • Los migrantes, especialmente venezolanos, así como los defensores de los Derechos Humanos se mantienen en alerta ante un nuevo operativo en el que otras personas podrían resultar expulsadas hacia su país de origen, sin derecho a poder regresar a la nación sureña por nueve años.

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