El año 2021 se ha caracterizado por la gran cantidad de casos de mujeres desaparecidas, asesinadas o golpeadas y cuya justicia, en gran parte, se ha encontrado gracias a las denuncias en redes sociales por parte de organizaciones, y la sociedad civil
Durante la entrevista realizada por el Centro de Comunicación Nacional a la periodista y directora de Caleidoscopio Humano, Gabriela Buada Blondell, se abordó la verdadera cara de las pérdidas devastadoras que han marcado la vida de cientos de familias.
«La diferencia de los homicidios y los femicidios radica en que los primeros pueden ser contra personas de cualquier género y por distintos móviles, mientras que los segundos se ejecutan por la condición de mujer y muchas veces con aristas de violencia sexual o donde el victimario está de alguna manera involucrada con la víctima», declaró Buada.
En menos de 48 horas se registraron tres femicidios durante el mes de febrero en el estado Portuguesa, dos sucedieron en el municipio de Turén y las víctimas encontradas presentaron signos de violencia física y sexual. Buada explicó sobre estos casos que «llegaron a generar gran alarma en la población de Venezuela debido a la información que expusieron los medios de comunicación y a la manera en la cual las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas pidieron que se esclarecieran los hechos».
De acuerdo al informe presentado por Utopix, Venezuela registró 228 feminicidios en el año 2020, lo cual representa un 36,52% más que los 167 contabilizados en 2019.
«En medio de la pandemia hemos evidenciado cómo las líneas de acción por parte del Estado son cada vez más inexistentes. Estamos hablando de funcionarios sin formación en temas de violencia de género, falta de atención a la víctima, escasas campañas comunicacionales y la carencia de refugios especializados para las mujeres», sentenció Buada.
Las féminas en Venezuela se encuentran en constante riesgo mientras no se tomen las medidas necesarias para su protección, la ejecución de verdaderas políticas públicas, así como de la educación de los funcionarios que deben atender estos casos y de la población civil que debe ser formada para no considerarse cómplice.
A continuación la entrevista completa
