Asesinato por transfobia en Venezuela: Hablemos de crímenes de odio

Fuente: El Diario

El arraigo del machismo, homofobia y la transfobia en la sociedad, además de la ausencia de una ley que garantice el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, inciden en los crímenes de odio en el país. En El Diario hablamos sobre la definición de este delito y por qué es necesario implementar medidas de protección para miembros de la comunidad LGBTIQ+


Una mujer trans de 33 años de edad, conocida por allegados como Andrea, fue asesinada por sujetos desconocidos en Santa Cruz del Este, Baruta (Miranda) el domingo 13 de junio. La víctima fue hallada desmembrada y su cuerpo fue abandonado en la vía pública en un caso que refleja violencia exacerbada. 

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho. No se ha oficializado si existe una investigación en contra de las cinco personas que la golpearon hasta provocar su muerte. El Estado guarda silencio, una vez más, en el más reciente caso de transfobia en Venezuela.

Por otra parte, tampoco ha existido un pronunciamiento público que detalle el homicidio de una pareja gay en Caracas, que ocurrió en las últimas 48 horas. Ronnie Rafael Ramírez Tinedo, de 32 años de edad, y Carlos Eduardo LaPlace, de 45 años de edad, se encontraban en su apartamento en Caracas cuando los apuñaló una persona que luego detuvieron en el lugar. Aunque se presume que el homicida conocía a las víctimas, PoliBaruta no ha hecho públicos más datos sobre el caso. 

En el país no hay una ley de protección amplia e integral para las personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Ni existe la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. 

Un crimen de odio no solo ocurre cuando asesinan a una persona por su orientación sexual o identidad de género. En este contexto, el odio significa un sesgo contra un individuo o grupos por motivos de raza, religión, nacionalidad, color de piel o discapacidad. 

Foto: BBC Mundo

En la mayoría de los casos, y con una frecuencia demoledora, el ensañamiento y el nivel de violencia son los elementos que marcan estos crímenes.

Yendri Velásquez, activista LGBTIQ+ y representante de la ONG Caleidoscopio Humano, explica para El Diario que un crimen de odio comienza desde el momento en que una persona agrede a otra solo por creer y asumir su orientación sexual o identidad de género. El invisibilizar y desvanecer los hechos, comenta el activista, ocurre en muchas ocasiones, de parte de los mismos familiares. 

Es un patrón que se repite cuando es su entorno familiar quienes prefieren no declarar que una persona fue agredida porque era gay, lesbiana, bisexual o trans. Es común que se omita la información. Por otro lado, la cobertura de estas noticias por parte de los medios de comunicación en Venezuela es muy limitada. 

Foto: Latfem

Vulneración sistemática de derechos

El activista señaló que el asesinato de una persona trans es la más cruda expresión de la vulnerabilidad de una población que está excluida. Por ende, es víctima de violencia sistemática por su identidad de género. 

El asesinato, como máxima expresión de violencia, es un patrón recurrente. El desenlace al que muchos miembros LGBTIQ+ están expuestos ante el desinterés y la falta de políticas que garanticen su reconocimiento y protección. 

A juicio de Velásquez, lo que se evidencia en casos como el de Elizabeth, es la verdadera emergencia de un grupo expuesto a la violencia agudizada y que precisa de medidas urgentes por parte del Estado en materia de derechos humanos.

Foto: La Gaceta

Dicho caso no ha sido el único delito de odio conocido en Venezuela. Es, de acuerdo con registros de ONG venezolanas, uno de los más de 100 asesinatos de personas trans que se han registrado desde 2009 en el país.

Tan solo entre junio de 2015 y mayo de 2016, el equipo de investigadores de la organización Acción Ciudadana Contra el Sida identificaron 93 crímenes de odio.

Organizaciones por los derechos humanos han abierto una ventana en un esfuerzo porque estos casos salgan a la luz pública. Velásquez explica que durante este año, han podido documentar dos agresiones por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de la víctima. Uno ocurrió en el estado Bolívar y el otro en Anzoátegui. 

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas (@TransRespect) ha identificado a #Venezuela como el tercer país más violento de la región con 126 asesinatos -de los que hay registro- desde el 2008 hasta enero de 2020, siendo superado solo por Brasil y Colombia.#NoMasCrimenesDeOdio— País Plural (@tupais_plural) June 16, 2021

Para el activista son estos hechos de violencia y ensañamiento, los cuales quedan impunes ante una política de no reconocimiento que ignora, minimiza y menosprecia las denuncias. Sobre todo, cuando es el Estado quien ampara a los agresores.

En el año 2017, Angélica Vitanza, una mujer trans de 26 años de edad, intentó denunciar una agresión de la que fue víctima al salir de una discoteca en Maracay, estado Aragua. 

La respuesta de los agentes policiales fue que no iban a proceder con la denuncia. Alegaron que se trataba de un “problema de prostitutas”. 

Foto: El Extremo Sur

El vacío de leyes que podrían garantizar protección a la comunidad LGBTIQ+ venezolana sigue siendo una deuda pendiente. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los países deben tener una única ley amplia e integral que incluya todos los tipos de discriminación. En la que tiene que estar establecido el derecho a la no discriminación por orientación sexual y por identidad y expresión de género. 

Sin embargo, en Venezuela no hay una ley específica que obligue al Estado a garantizar protección a la comunidad LGBTIQ+.

Bajo una política que invisibiliza, no es posible que se puedan lograr avances en materia de derechos humanos y protección. Es el Estado el que debe garantizar, incentivar, promover e implementar leyes que conduzcan al respeto y reconocimiento en mejoras efectivas de la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Sobre todo, de los grupos que son víctimas de violencia sistemática. El reconocimiento y la inclusión también comienza desde la exigencia por parte de la sociedad para que los derechos de las víctimas. Finalmente, puedan ser escuchados. 

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