45 organizaciones no gubernamentales que velan por los Derechos Humanos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex y queer (LGBTIQ) acudieron al Ministerio Público para pedir una investigación por los asesinatos ocurridos por orientación sexual, pero no fueron recibidos por el fiscal de los Derechos Fundamentales, David Palis Fuentes.
(18-10-2021) Al menos 16 crímenes de odio han ocurrido en Venezuela, entre el 28 de febrero y el 6 de octubre, en contra de personas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersex y queer (LGBTIQ), según la documentación de activistas de los Derechos Humanos (DD. HH.).
Los hechos los han registrado a través de los medios de comunicación y con la labor que tienen los defensores en las comunidades. Cinco crímenes han ocurrido en el estado Miranda, tres en Táchira, dos en Distrito Capital, dos en Aragua, uno en Lara, Cojedes, Yaracuy y Anzoátegui.
El informe Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en América Latina y el Caribe, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Ilga), define que los crímenes de odio son el conjunto de delitos que se cometen en contra de determinadas personas, por su pertenencia a grupos relacionados con una distinta orientación sexual, expresión de género, características sexuales y entre otras características.
En esta investigación también citan a Amnistía Internacional, que señala que estos actos de violencia envían un mensaje al grupo de personas cuyas características son las mismas y se identifican con la víctima.
“Por más individualizado que sea el ataque su efecto es siempre generalizante, ya que se extiende sobre todo el entramado comunitario a modo de ejemplo aleccionador y alerta al colectivo”, expresa el informe.
El lunes 11 de octubre activistas de los DD. HH. acudieron al Ministerio Público para entregar un documento, que exige la investigación de estos asesinatos, pero el fiscal de Derechos Fundamentales, David Palis Fuentes, no los recibió. Luego de casi tres horas de consignas y protesta pacífica, bajó otro funcionario quien tomó el material “simbólicamente”.
Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano, explicó que en el documento, firmado por 45 ONG, exigen a las autoridades se dediquen a investigar los crímenes de odio y que no sean catalogados como delitos comunes o crímenes pasionales.
“Desde Caleidoscopio Humano exigimos campañas informativas, para que se hable del tema y se ponga fin a la discriminación que fomenta los crímenes de odio, y la ausencia de DD. HH. para las personas de la comunidad”, explicó Buada.
En el documento también exigen que se cree una fiscalía especializada en materia de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ, con fiscales formados y sensibilizados en la materia, para evitar la revictimización “y que hagan justicia a través del debido proceso en materia judicial”, indica el documento.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró que está dispuesto a reunirse con la comunidad LGBTIQ y a estudiar la posibilidad de la creación de una fiscalía especializada para estos temas. Las declaraciones las ofreció en el programa Vladimir a la 1, por Globovisión.
“Hay un principio constitucional que es la no discriminación y siempre hemos atendido todo tipo de casos que tengan que ver con la discriminación, en cualquiera de sus sentidos, incluyendo de los que puedan ser víctimas a la comunidad LGBTIQ. El Ministerio Público atiende a todos los sectores”, dijo en la entrevista, transmitida el miércoles 13 de octubre.
Opacidad del Estado ante estos hechos
Por su parte, Yendri Velásquez, activista de los DD. HH. de la comunidad LGBTIQ, señaló que el Estado venezolano ha mantenido opacidad con respecto a los crímenes de odio.
“Ante esta opacidad del Estado los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil tienen complicaciones para monitorear y hacer seguimiento a los crímenes de odio y a los casos de discriminación de las personas de la LGBTIQ”.
La organización Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) hizo una recopilación sobre estos sucesos contra la comunidad LGBTIQ y en un informe, publicado en 2017, señalaron que entre 2009 y 2017 habían ocurrido 109 asesinatos por la orientación sexual de las víctimas.
Unión Afirmativa destacó, en su portal web, que estos 109 sucesos posicionaron a Venezuela, durante ese período, como el cuarto país donde ocurren más crímenes de odio.
Quiteria Franco, directora de Unión Afirmativa, expresó en un artículo publicado en el portal de la organización, que las mujeres lesbianas se abstienen de denunciar por la revictimización de las que son objeto en la policía y ante la desprotección de las mujeres por su orientación sexual.
“En la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no está considerado como un agravante ni como un tipo de delito estos hechos. Tampoco se contempla la violencia intragénero, es decir, aquella que ocurre entre mujeres, independientemente de la relación que exista entre ellas. No se contempla que la mujer también sea una agresora”, escribió Franco.
En el documento entregado al Ministerio Público de manera “simbólica”, el lunes 11 de octubre, los activistas dejaron claro que la omisión también es una forma de discriminación.
“Le exhortamos en su carácter de Fiscal General de la República, así como a las máximas autoridades de este órgano de administración de justicia, a fijar posición pública sobre estos hechos y asumir el compromiso de hacer una investigación exhaustiva que permita el alcance de la justicia para las víctimas y sus familiares”, indica el escrito.
