Acción Solidaria destacó que las mujeres embarazadas son las que más sufren, y explica que, en muchos casos, las mujeres en trabajo de parto deben esperar horas para ser atendidas y han llegado a dar a luz fuera de los centros de salud.
(27-08-2021). Un nuevo informe de Acción Solidaria basado en un monitoreo de prensa y de organizaciones de la sociedad civil arrojó un total de 1436 casos en los que se vulnera el derecho a la salud, y son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas. El documento recabó información de 22 medios de comunicación y 27 organizaciones de la sociedad civil en 22 estados del país, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.
De los 1436 registros, 477 corresponden a casos donde se les vulnera el derecho a la salud a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Acción Solidaria destacó una correlación directa al alegar que cuando una mujer es afectada, un niño también lo es.
Para determinar si el Estado está cumpliendo con la garantía del derecho a la salud, se toman en cuenta estándares como disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios, partiendo de los lineamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, los casos que refieren a mujeres, reportaron 35 % de disponibilidad, lo que supone una escasez de medicamentos, anticonceptivos e insumos médicos; 22,4 % de calidad, que implica salas de parto cerradas por falta de mantenimiento, y equipos para esterilizar dañados; y 25,4 % de accesibilidad, que refiere a altos costos para comprar productos de higiene menstrual y pago de insumos y medicinas para poder ejecutar el parto.
Acción Solidaria destacó que las mujeres embarazadas son las que más sufren y explica que, en muchos casos, las mujeres en trabajo de parto deben esperar horas para ser atendidas y han llegado a dar a luz fuera de los centros de salud. Esto al mismo tiempo que no pueden hacer seguimiento del embarazo, lo que aumenta el riesgo de que los bebés sufran alguna afección congénita.
Otro dato destacable del informe es que uno de cada cinco registros relacionados con la vulneración del derecho a la salud ocurrieron en recintos del sistema de salud pública, como ambulatorios, hospitales y centros especializados. En este sentido, el hospital J. M. de los Ríos encabeza la lista, con 43 registros, seguido del Hospital Universitario de Caracas, con 17, pues son los dos centros de salud pública donde más se reportaron casos de vulneración del derecho a la salud.
Solo en el J. M. de los Ríos se ha reportado la muerte de 12 niños en el servicio de Nefrología en lo que va de año.
Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 también destaca como un agravante de la emergencia humanitaria compleja que ya vivía el país y figura en el informe con 558 registros.
En lo que respecta a la pandemia, la vulneración de estándares se ubica en 43 % en términos de disponibilidad, lo que implica falta de equipos de protección personal para el personal sanitario; 22 % en accesibilidad, lo que supone un colapso en los hospitales centinelas, donde el Estado pretende atender a pacientes contagiados; y apenas 12 % de asequibilidad, lo que implica que la gente debe acudir a centros de salud privados, donde los costos son muy elevados.
El informe de Acción Solidaria ubicó al personal de salud en una posición de vulnerabilidad creciente debido a su exposición al virus, la falta de equipos de protección personal y falta de pruebas.
En este sentido, el informe concluye que el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos, la incapacidad de atención y servicios médicos del sistema de salud estatal “son evidentes y el colapso del sistema es a escala nacional”, lo que evidencia un patrón de violaciones del derecho a la salud.
También destaca que la llegada de la pandemia incrementó los riesgos y vulnerabilidades ya presentes por la emergencia humanitaria compleja y que la opacidad de la información ha generado dudas sobre el alcance real de la pandemia. Por lo cual, los datos de números de casos no tienen una correlación con el número de eventos reportados en los medios de comunicación.
