Fuente: Transparencia Venezuela
Los hogares asignados durante los últimos años por parte del gobierno fueron la salvación para miles de familias hasta que los problemas estructurales y la mala ejecución del proyecto comenzaron a pasar factura
Uno de los programas bandera de la gestión de Hugo Chávez celebra su primera década en medio de la opacidad. Desde hace más de cinco años los 48 entes ejecutores de la misión no rinden cuentas y no hay contraloría sobre los más de 15 mil millones de dólares ejecutados bajo la gestión de un pequeño puñado de funcionarios.
Cuando pensó que ya tenía un hogar, la tierra empezó a moverse. Aparecieron grietas en su apartamento y tuvo que irse. Idalia, cuyo nombre real nos reservamos para preservar su seguridad, vivió hasta 2014 en la terraza 12 del urbanismo El Morro, una de las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela GMVV, ubicada en el sector Paulo VI de Petare, estado Miranda. Ubicada frente a un voladero que daba hacia la carretera, la estructura fue una de las primeras del conjunto residencial que debió desocuparse pues los terrenos estaban cediendo.
Con el tiempo se supo que los edificios del urbanismo no eran seguros porque se construyeron sobre una falla geológica. Idalia logró acceder pronto a otro apartamento de la GMVV en el centro de Caracas porque, según contó, un residente del lugar infringió las normas del programa gubernamental y lo sacaron del inmueble. Ella corrió con suerte. En 2019 aún había personas viviendo en la inestabilidad de El Morro y esperando por la asignación de una nueva vivienda, de acuerdo con reportes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
El Morro se convirtió con el paso de los años en un símbolo de las irregularidades administrativas y de la ausencia de planificación de la Misión Vivienda, uno de los programas sociales más representativos de la gestión de Hugo Chávez, y heredado por Nicolás Maduro, que está cumpliendo 10 años en medio de la oscuridad y la ausencia de mecanismos que permitan medir su impacto real.
Pese a que voceros del gobierno nacional aparecen cada tanto frente a las cámaras para celebrar nuevos “hitos” de construcción de viviendas, no hay manera de hacer contraloría a la misión. Las instituciones que están detrás no han elaborado ni publicado mecanismos que permitan evaluar qué está pasando más allá de lo evidente.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el portal de noticias Efecto Cocuyo y la organización Transparencia Venezuela hicieron memoria del recorrido de esta misión que nació con la promesa de atender a las familias damnificadas por las lluvias de diciembre de 2010, pero que devino en otro proyecto signado por la opacidad, las denuncias por su supuesto uso para el control social y casos de corrupción que traspasan las fronteras nacionales.
Bases inestables
Con “El vendaval amarillo”, un poema desgarrador de César Rengifo, y un fondo musical melancólico inició el acto de lanzamiento oficial de la Gran Misión Vivienda Venezuela el 30 de abril del año 2011. En la sala Ríos Reyna del teatro Teresa Carreño, el entonces presidente Hugo Chávez recibió con vítores a la señora Melania Rendón, de 80 años de edad, a quien prometió entregarle una de las primeras casas del programa.
Durante el acto, Chávez dijo que la nueva misión serviría para dejar atrás “el drama de la vivienda heredado del capitalismo”, comprometió a varios de sus ministros con el proyecto y apuntó que su meta era construir dos millones de hogares en los siguientes siete años. En marzo de 2018 Nicolás Maduro aseguró haber cumplido las promesas de su predecesor y se fijó para el año 2025 llegar a la vivienda número cinco millones.
Más recientemente, el 18 de marzo de 2021, Maduro realizó un acto para celebrar la construcción de 3 millones 500 mil viviendas. Posteriormente, el actual ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, aseguró que durante este mes de abril continuarían entregando casas y apartamentos. Más allá de los anuncios, la ausencia de documentos oficiales que respalden las cifras levanta sospechas.
Las memorias y cuentas de todos los ministerios que han tenido participación en la misión desde sus inicios solo están disponibles hasta el año 2015. Los documentos no ofrecen información completa y detallada, pero sí precisan que durante los primeros cinco años del programa se construyó un millón 16 viviendas, siendo 2015 el año de mayor producción con 326 mil 323.
En el informe Venezuela en cifras, presentado en enero de 2021 por el Ministerio de Planificación se pueden escarbar otros datos de la misión vivienda. En el documento se asegura que entre 2016 y 2020 se construyeron dos millones 453 mil 409 viviendas, lo que representa un promedio de más de 490 mil por año, un número mucho más alto que el registrado previamente y que no parece corresponderse con la profunda contracción económica que vive Venezuela desde 2013. Las cifras también se contradicen con la caída del sector construcción que entre 2013 y 2018 fue superior a 90 %.
La política de opacidad impulsada por la gestión central no solo impide validar el número de viviendas construidas o los montos comprometidos y ejecutados en los proyectos, sino que hace imposible acceder a datos claves como son los procesos de selección de contratistas, las metas anuales previstas, los porcentajes de cumplimiento, la calidad de los materiales comprometidos, entre otros, lo que también levanta sospechas sobre otras posibles irregularidades.
Cálculos propios basados en la información recopilada de las memorias y cuentas de todos los entes involucrados y en los datos emitidos en las reuniones del Órgano Superior de Vivienda apuntan a que, en la primera década de la misión vivienda, la ejecución financiera superó los 15 mil 500 millones de dólares y buena parte de ellos (seis mil 934 millones) provenían de Pdvsa. El destino de esta cifra que puede resultar astronómica para un país sumido en una emergencia humanitaria compleja, no está claro.
El tinglado de las obras
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido uno de los proyectos del chavismo que más organismos ha involucrado en su ejecución. Al menos 48 instituciones (ministerios, entes adscritos y compañías extranjeras) participaron en la construcción de las viviendas entregadas durante la última década, de acuerdo con la base de datos construida a partir de una revisión de medios de comunicación oficiales, portales gubernamentales y las memorias y cuentas de instituciones del Estado disponibles hasta 2015.
Aun con los vacíos de información, es posible destacar que en los 10 años del programa social, el Ministerio de Hábitat y Vivienda (MHV) fue uno de los principales responsables detrás del desarrollo de la misión y de la suscripción de convenios. En el despacho están adscritos varios entes ejecutores, como el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (liquidado en el año 2015), el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), la Fundación Misión Hábitat, la Fábrica de Insumos 27 de febrero, la Inmobiliaria Nacional, Construpatria, la Promotora de Desarrollo Urbano de Ia Región Zuliana (Produzca), el Centro Rafael Urdaneta, S.A. (Crusa) y más.
Cuando inició la misión vivienda, en el año 2011, el despacho se llamaba Ministerio de Hábitat y Vivienda, pero en septiembre de 2014 se conformó el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. Esta unión duró menos de un año. En 2015 la Presidencia ordenó la supresión de la institución y la creación de los ministerios de Hábitat y Vivienda y, aparte, de Ecosocialismo y Aguas. La decisión se publicó el 7 de abril de ese año en la Gaceta Oficial número 40.634. El decreto incluía la creación de los despachos de los viceministros de desarrollo urbano, de gestión, supervisión y seguimiento de obras y de redes populares.
La cartera de vivienda y hábitat ha tenido tres encargados desde el inicio de la misión: Ricardo Molina (de 2011 a 2015), Manuel Quevedo (de 2016 a 2017) e Ildemaro Villarroel (del 2018 en adelante). Con frecuencia encabezaron actos de entrega de viviendas y dieron datos sobre el programa.
De 2011 a 2015, de acuerdo con las memorias y cuentas, el MVH construyó un total de 158 mil 958 viviendas a nivel nacional. A partir de 2016, el Ministerio dejó de detallar el nombre y ubicación de las obras en ejecución o entregadas.
Varias obras del ministerio también se construyeron a partir de la colaboración entre empresas del Estado, como fue el caso de la Fundación Vivienda del Distrito Capital y Banavih. Algunas instituciones, como el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y la Fábrica de Insumos 27 de febrero, que suministraron materiales; Banavih, que ayudó el proceso de protocolización de las viviendas; o la Fundación Misión Ribas, que en varios casos brindó asistencia técnica a la modalidad de casas autoconstruidas, no participaron de forma directa en la construcción de una obra en particular.
Hacer la pesquisa de los inmuebles construidos por cada ente también termina en misterio. Hay pocas o ninguna nota de prensa o documento que permita conocer cuál fue el nivel de participación de algunas instituciones en la misión. La Cámara Bolivariana de la Construcción, la Empresa Mixta Petrolera Sinovensa (entre China y Venezuela), el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), la empresa Tubos Elicundales C.A son algunas de ellas.
Las memorias y cuentas publicadas también muestran debilidades en el seguimiento de las obras en ejecución y las viviendas culminadas. Algunas instituciones sí dan detalle de las obras construidas, cada una con su respectivo nombre, ubicación y número de viviendas. No obstante, la mayoría no provee estos datos, sino que se limita a informar el acumulado de viviendas en ejecución y culminadas.
Según los documentos y datos disponibles, el equipo de investigación generó las siguientes clasificaciones:
Instituciones sin documentos oficiales de sus actuaciones: Alcaldía de Maracaibo, Fundación Oro Negro (solo hay datos de 2015), Fundación Misión Ribas, Cámara Bolivariana de la Construcción, Empresa Mixta Chino-Venezolana Petrosinovensa, Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A. Construfanb.
Instituciones que no detallan los proyectos de viviendas que apoyan en los documentos oficiales o anuncios en prensa: Banco Nacional de Vivienda y Hábitat Banavih, Ministerio de Interior, Justicia y Paz; Despacho de la Presidencia, Corpolara, Inmobiliaria Nacional S.A, Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana, C.A. Produzca, Centro Rafael Urdaneta S.A., Fábrica de Insumos 27 de Febrero S.A, Empresa Mixta Comercializadora de Productos Bielorrusa Venezolana Venbelcom, Pdvsa Gas Comunal, Construpatria S.A., Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción Vemproinco, Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela Corpivensa.
Instituciones que en algún momento sí informaron con detalle los proyectos en los que estuvieron involucrados: la Fundación Misión Hábitat, el Ministerio de Pueblos Indígenas (que dejó de suministrar datos desde 2014), el Ministerio de Vivienda y Hábitat, la Fundación Vivienda del Distrito Capital, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Ipsfa, Corporación de Desarrollo del Zulia Corpozulia, Corporación Venezolana de Guayana CVG, Ducolsa (solo en 2013), Construcciones 27 de Febrero S.A., Petróleos de Venezuela Pdvsa, Corpomiranda S.A, Instituto Nacional de la Vivienda Inavi.
Viviendas con sello internacional
Al menos ocho compañías extranjeras forman parte de la historia de la misión vivienda, un recorrido que inició antes de que se lanzara oficialmente el programa gubernamental. El 23 de diciembre de 2002, Chávez suscribió un convenio con Rusia para la realización de varios proyectos, entre ellos la construcción de la Ciudad Socialista Tiuna en los terrenos del Fuerte Tiuna, municipio Libertador de Caracas. Parte de los edificios estuvieron listos ocho años después, en 2010.
En 2005 se firmaron acuerdos con Irán y China, país que se sumó al proyecto de Ciudad Tiuna. Las empresas que llevarían adelante las obras serían Kayson Company y CITIC International Contracting.
En 2006 le tocó a Cuba. Un año después, en 2007, llegó el turno de Bielorrusia, que puso al mando a la compañía BZS Belzarubezhstroy; en 2008 se presentó Portugal con el Grupo Lena. En adelante se sumaron Uruguay (con la Unión Metalúrgica Industrial del Sur, S.A, mejor conocida como Umissa), España (con Essentium), Turquía (con Summa) y Colombia.
A partir del año 2011, cuando inició la Misión Vivienda, se reforzaron las relaciones de Venezuela con sus aliados a través de acuerdos. Según lo reflejado en la memoria y cuenta del Ministerio de Hábitat y Vivienda, se firmaron convenios con Bielorrusia (para la instalación de infraestructura de servicios en Ciudad Tiuna, la construcción de viviendas en Guarenas y Guatire, la edificación de otros desarrollos en Guasimal, Aragua), China, Irán, Rusia, Portugal, Turquía, España, Brasil y Uruguay. Al año siguiente se “profundizaron” las relaciones de cooperación.
Durante el primer año de la misión, la ejecución de viviendas a través de convenios internacionales se quedó corta. El proyecto Construcción de nuevos desarrollos de viviendas en el marco de la aplicación de convenios internacionales tenía una meta prevista de 8.996 unidades habitacionales para 2011, pero solo se culminaron 5.050, lo que representa poco más de la mitad. Esa tendencia se replicó en los años siguientes.
En 2012 se construyeron 8.004 viviendas de una meta de 14.303 con Rusia, Bielorrusia, Brasil, China y Turquía. En 2013 se ejecutaron 22.141 inmuebles a través de los convenios con China, Brasil, Bielorrusia, Rusia, Portugal, España, Irán y Turquía. En 2014 se “programó la culminación” de 21.228 y, en 2015, último año en el que hay documentos que registran el desarrollo de los proyectos, se construyeron 11.062 viviendas de las 25.000 que están dentro de los acuerdos con Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, España, Portugal y Turquía.
Argentina no figuró en las Memorias y Cuentas como uno de los países que suscribieron acuerdos para la construcción de casas en el país. El acuerdo marco de cooperación firmado el 1 de diciembre de 2011 tenía como objetivo fomentar el trabajo conjunto en materia de desarrollo urbano y construcción de viviendas.
A partir de un acuerdo complementario se determinó que se edificarían 10.000 casas en el estado Carabobo con la empresa Conlat. Meses después se conoció que, cuando se realizó el anuncio, la empresa beneficiada todavía no existía. La compañía se terminó de constituir el 26 de diciembre de 2011, 25 días después de que se concretara el convenio.
Sobre la selección de las empresas contratadas para construir viviendas como parte de los convenios internacionales sobran las preguntas. Los contratos firmados para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios amparados en este tipo de acuerdos de cooperación quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas a raíz de la modificación que se le hizo en el año 2000, lo que dio amplio margen a la discrecionalidad.
Las bases se resquebrajan
La falta de mecanismos de seguimiento y control dio pie a las irregularidades. Una de las primeras fue la que involucró a la empresa argentina Conlat, que figuraba en los acuerdos bilaterales firmados por Venezuela en el año 2011, cuando ni siquiera existía.
Algunas de esas irregularidades impactaron directamente en la calidad de las viviendas entregadas. El informe de Transparencia Venezuela “Casos de Riesgos de corrupción, abusos, inconsistencia e ineficiencia en las Misiones y conexos”, agrupa una serie de denuncias relacionados con problemas de infraestructura, retardo en construcciones e incumplimiento de variables urbanas y ambientales.
El rastreo realizado para esta investigación también arrojó que 24 entes públicos venezolanos están involucrados en denuncias de irregularidades en la ejecución de contratos para la construcción de viviendas. Del total de 38 acusaciones, el Ministerio de Hábitat y Vivienda está involucrado en nueve, mientras que la estatal Pdvsa está vinculada a cuatro. También se mencionan otros entes adscritos a ministerios como el Banavih y el Instituto Nacional de la Vivienda Inavi.
En Venezuela se han registrado cuatro investigaciones que involucran altos funcionarios o importantes sumas de dinero. El Ministerio Público venezolano acusó al expresidente de Orinoco Iron y exdirector de Sidor, Luis Salvador Velásquez, por presuntamente estar involucrado en la venta clandestina de cabillas a un mercado paralelo. Quedó absuelto el 10 de diciembre de 2014 cuando se acordó el sobreseimiento de su causa.
El Metro de Caracas demandó a la empresa Odebrecht y a su afianzadora Seguros Caroní por el presunto incumplimiento del contrato N- MC-4749, suscrito el 18 de diciembre de 2012, destinado a la construcción de 2.400 viviendas en un terreno ubicado en Mariche, estado Miranda. En la demanda se reclamó la devolución del anticipo no amortizado, pero este caso no ha tenido mayor avance procesal.
En 2018, el Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra el empresario Aldo Vendramin y solicitó su extradición a Italia por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y asociación. Se encontraron irregularidades en un contrato suscrito con la empresa Consilux Tecnología, para la ejecución de 5.853 viviendas. El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición en abril de 2019, pero no se presentaron pruebas en su contra y el gobierno italiano lo puso en libertad.
El Ministerio Público informó que fueron detenidos el director de la Industria Chino-Venezolana de Taladros, José Rincón Aguilera; el exgerente de Seguridad de Pdvsa Industrial, Fernando León Ferreira Guzmán; y el chofer de Pdvsa Industrial, Jeanfranklin Marcano Decam, por la presunta sustracción ilegal de 213 bobinas de acero galvanizado.
Pese a que medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han encontrado indicios de irregularidades en la misión, los anteriores son los únicos casos importantes que tuvieron la atención de las autoridades venezolanas. El resto de las irregularidades investigadas por el Ministerio Público corresponde a pequeña corrupción, como solicitudes indebidas de dinero para adjudicar viviendas, apropiación indebida, desvío de sacos de cemento y otros recursos para la construcción de viviendas.
Las irregularidades traspasaron fronteras. Un caso paradigmático es el que involucra al presunto testaferro de Nicolás Maduro y empresario colombiano, Alex Saab. En 2011 se oficializó su relación con el chavismo a través de la firma de un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas. Entre los años 2012 y 2013, la empresa Fondo Global de Construcción recibió cerca de 159 millones de dólares para la importación de kits de casas, pero solo entregó el equivalente a tres millones de dólares. Ecuador empezó a investigar, pero el caso fue sobreseído.
En el año 2014, una investigación de Armando.info develó cómo un convenio con contrapartes portuguesas para levantar 50 mil apartamentos mutó a la instalación de tres plantas de fabricación y ensamblaje de paredes y techos para 12 mil 512 viviendas en Cúa y Ocumare. Ambos estarían a cargo del Grupo Lena. Para la fecha de publicación del reportaje, los urbanismos prometidos continuaban siendo “un bosque de vigas y grúas”. Uno de los principales implicados en el caso, el ex primer ministro portugués, José Sócrates, ya no será juzgado por corrupción, pero sí por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.
A los portugueses se sumaron los iraníes y uruguayos, esta vez para la construcción de viviendas prefabricadas. Armando.info encontró indicios de que la empresa Essentium presuntamente pagó comisiones para que se le adjudicaran contratos públicos. Entre las empresas que figuran está Essentium, la uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur (Umissa), la contratista iraní Tarasazeh Tabriz y la empresa portuguesa Grupo Lena.
La recopilación de los casos evidencia que empresas registradas en 11 países están involucradas en irregularidades de la misión. A Uruguay, Irán y Portugal se sumaron Ecuador, Turquía, Brasil, Italia, Reino Unido, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Suiza.
La Contraloría General de la República (CGR) levantó un informe en el que plasma presuntas irregularidades. Se menciona el caso de Umissa, con una asignación de contratos bajo la modalidad de contratación directa con incumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y con retrasos en la ejecución, así como la construcción deficiente de obras. Sin embargo, no se conoce si el Ministerio Público inició una investigación.
Las autoridades venezolanas no han anunciado alguna investigación relacionada con denuncias registradas en Ecuador, Estados Unidos y Portugal; o las indagaciones hechas por medios de comunicación.
En síntesis, las irregularidades involucran la asignación discrecional de contratos, parte de ellos con presunto sobreprecio, pago de sobornos, construcciones deficientes, obras inconclusas, hurto y desvío de materiales y solicitudes ilegales de dinero para asignar viviendas.
Muchos cargos, mismos ejecutores
Entre 2011 y 2020, en el marco de la GMVV, al menos 11 funcionarios públicos del chavismo desempeñaron al mismo tiempo más de un cargo público, poniendo en entredicho la posibilidad de emprender acciones de supervisión, contraloría y rendición de cuentas en las gestiones de ministerios, instituciones y empresas del Estado encargadas de la ejecución de obras del sector vivienda. De ellos, seis fueron ministros que ocuparon presidencias y direcciones de empresas públicas y entes adscritos a sus carteras ministeriales: Ricardo Molina, Ricardo José Menéndez, Manuel Quevedo, Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino e Ildemaro Villarroel.
Cuando se inauguró la misión, el entonces ministro de Vivienda y Hábitat era el ingeniero Ricardo Molina (actual diputado de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre 2020). La cartera a su cargo, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2011, tenía dentro de sus atribuciones ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
El 29 de junio de 2011, según la Gaceta Oficial Nro. 39.704, Molina fue nombrado presidente (E) de la junta directiva de la Fundación Misión Hábitat —una institución que debía rendir cuentas al Ministerio que él mismo dirigía— y estaba encargado de organizar, planificar, promover, administrar y ejecutar programas y proyectos definidos en los planes de vivienda a nivel nacional.
Un año después, en 2012, le asignaron nuevas responsabilidades al entonces ministro y presidente encargado de la Fundación Misión Hábitat: la presidencia de la junta directiva y la dirección principal de la Inmobiliaria Nacional S.A., otra de las instituciones subordinadas a su cartera.
2014 resalta como el año en que Molina desempeñó el mayor número de cargos relacionados con la construcción de casas, pero también fue el período donde se realizó mayor ejecución financiera de la GMVV. De acuerdo con un seguimiento a los datos oficiales (Memorias y Cuentas e información emitida en las reuniones del Órgano Superior de Vivienda), se pudo constatar que, durante ese año, la ejecución financiera ascendió aproximadamente a cuatro mil 45 millones de dólares. Esta ejecución financiera se llevó a cabo en un contexto en el cual se registraba, por segundo año consecutivo, una contracción en el sector construcción.
Por su parte, Molina se desempeñaba como ministro del entonces llamado Ministerio de Ecosocialismo Hábitat y Vivienda, presidente (E) de la junta directiva de la Fundación Misión Hábitat, presidente de la junta directiva de la Inmobiliaria Nacional S.A., y director de la junta directiva de Construpatria.
Hasta mediados de 2015, Molina continuó ejerciendo sus responsabilidades ministeriales al tiempo que ejercía los cargos de presidente del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, presidente de la junta directiva de la Inmobiliaria Nacional S.A. y presidente de la Hidrológica Venezolana, C.A. Hidroven.
El ejercicio de más de un cargo público remunerado contraviene a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). De hecho, según el artículo 148, “Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la Ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”.
De acuerdo con el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, desempeñar más de un cargo público remunerado constituye un delito. “En caso de que ambos cargos hayan sido remunerados, el segundo sería ilícito y caería dentro del artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, porque es un dinero que nunca debió haberse cobrado. Si un funcionario público es miembro de varias juntas directivas para la Contraloría sería muy sencillo determinar que eso ocurrió así. Entonces es una muestra más de cómo la Contraloría falla en su labor de vigilar cómo se administra el dinero público”, expone.
Artículo 61: El funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigado quien diere o prometiere el dinero, retribuciones u otra utilidad indicados en este Artículo.
Además, explica el abogado, si un funcionario es ministro y al mismo tiempo preside una empresa pública adscrita a esa cartera, se pierde la potestad de tutela “que ejercen los ministros sobre los entes que están a su cargo.
Los ministros tienen atribuciones de control con respecto de los entes descentralizados que le estén adscritos a sus carteras, es decir, tienen potestad de tutela. De acuerdo con el artículo 120 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública, dentro de estas atribuciones se encuentran: definir la política a desarrollar por los entes; ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y control; nombrar los presidentes de institutos públicos, institutos autónomos y demás entes descentralizados; evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su gestión e informar oportunamente a la Presidenta o Presidente de la República; ser informados permanentemente acerca de la ejecución de los planes, y velar por la conformidad de las actuaciones de sus entes descentralizados.
Lo que se evidenció es que funcionarios (es decir, ministros) a quienes les correspondía ejercer las funciones de control y seguimiento sobre sus entes adscritos, como en el caso de Molina, eran en paralelo presidentes y directores de esas instituciones. De este modo, se pone en entredicho que hayan podido cumplir con atribuciones de sus cargos establecidas en la Ley orgánica de la administración pública, que especialmente se refieren a la coordinación y supervisión de las instituciones que debían rendir cuentas a sus carteras ministeriales.
Molina desempeñó el cargo de ministro hasta agosto de 2015. Sin embargo, de acuerdo con un perfil publicado en Runrun.es, más de 15 días después de haber culminado sus funciones en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el 4 de septiembre de ese año adjudicó 23 unidades habitacionales en el parcelamiento 39 del municipio Linares de Alcántara, estado Aragua. Para esa fecha, el ex ministro era candidato a diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Psuv por el estado Aragua, de cara a las parlamentarias de diciembre de 2015.
En el trabajo de Runrun.es también se menciona otra ilegalidad en torno a la media década de gestión de Molina: el nepotismo. El entonces ministro designó al menos a cuatro familiares en cargos relacionados con la construcción de viviendas. Su esposa, Evalenny Cardozo Godoy (quien falleció en febrero de 2021), fue directora suplente y miembro de la junta directiva de la Inmobiliaria Nacional en 2014, así como miembro de la junta directiva de Construcciones 27 de Febrero S.A. nombrada el 6 de febrero de 2014 y ratificada el 3 de febrero del año siguiente. Su hija, Andrea Veruska Molina Cardozo, fue directora general encargada del Despacho del ministro en 2012.
Fidelina Molina, hermana del exministro, se desempeñó como directora regional del Inavi en Mérida. Y Arminda Cardozo Godoy, hermana de la esposa de Molina, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Misión Hábitat el 2 de febrero de 2015.
A efectos de esta investigación, se le envió al diputado Molina una solicitud de entrevista para consultar sobre el ejercicio de sus funciones en el ministerio y empresas vinculadas al sector vivienda, pero no respondió.
Funcionarios multicargo
Molina no ha sido el único en ejercer múltiples cargos relacionados con la GMVV. Sus sucesores, Manuel Quevedo e Ildemaro Virrarroel, han repetido lo que parece un patrón en la administración pública del chavismo.
“Lamentablemente esta es una situación que se ha repetido: ministros que ejercen presidencias de institutos autónomos o empresas del Estado mientras son ministros, y eso es una irregularidad. Pero no hay una violación de una norma expresa, ni de la Constitución, ni de la Ley Contra la Corrupción, a menos que se compruebe que los cargos fueron remunerados”, aclara Daniels.
El abogado no obstante hace énfasis en que se trata de una falta de la administración pública. “Es decir, si existe la figura de un ministro y hay empresas del Estado, lo lógico sería que esas empresas estén tuteladas por el Ministerio. Pero si el ministro es, al mismo tiempo, presidente de la empresa, esa función se pierde. Ahí vemos cómo el tema del control de la administración es algo que se ha desnaturalizado y que ya no es parte de las funciones de la administración, sino simplemente acumular el mayor número de cargos para tener el mayor número de prerrogativas y abusar de ellas. Es un tema de centralización de las potestades, no de hacer más efectiva la administración”, argumenta.
Actual diputado de la AN/6D, Manuel Quevedo se encargó de la cartera de Hábitat y Vivienda desde el 19 de agosto de 2015, de acuerdo con la Gaceta Oficial Nro. 40.727. Sin embargo, como en el caso de su antecesor, fue designado para dirigir entes y empresas públicas que estaban bajo la potestad del Ministerio: presidente (E) de Fundación Misión Hábitat, presidente de la Fundación Barrio Nuevo Tricolor, presidente del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, presidente de la Inmobiliaria Nacional S.A, y presidente del Banco Nacional de la Vivienda Banavih, cargos que ejerció paralelamente a sus responsabilidades ministeriales.
La gestión de Quevedo en la Inmobiliaria Nacional coincidió con el decreto presidencial Nro. 2.358 que figura en la Gaceta Oficial Nro. 40. 931, en el cual se le otorgó a esa empresa la titularidad —de manera irrevocable— de los terrenos pertenecientes a la República o entes de la administración pública sobre los cuales se han construido viviendas en el marco de la GMVV.
Casi un año después, el 26 de noviembre de 2017, Quevedo fue nombrado ministro de Petróleo y presidente (E) de Petróleos de Venezuela S.A. Pdvsa, según la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.343.
Desde esa misma fecha, y asentado en la misma gaceta, el actual ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, ocupa esa cartera. Al tiempo que, en paralelo, ha sido presidente (E) de Inmobiliaria Nacional S.A. y de Construpatria. Asimismo, en 2016, antes de ser ministro, fue director de Banavih y de la Inmobiliaria Nacional S.A.
Hábitat y Vivienda no es el único Ministerio donde se evidencian casos de funcionarios que ejercieron más de un cargo público relacionado con la GMVV. En 2011, Ricardo Menéndez (actual ministro de Planificación) fue ministro de Industrias, presidente de la Fundación Oro Negro, presidente de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S. A. Corpivensa, y presidente de Corporación Socialista del Cemento, S.A. CSC. Estas dos últimas adscritas al ministerio que dirigía.
El ejercicio de cargos paralelos en la gestión de gobierno chavista se remonta a sus primeros años. Entre 2004 y 2014, Petróleos de Venezuela S.A. Pdvsa fue presidida por el también ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño, señalado en febrero de 2021 por el Ministerio Público del gobierno de Nicolás Maduro de formar parte de una trama de sobornos relacionados con la empresa española Ingelec. Durante buena parte de la gestión de Ramírez la empresa petrolera tuvo una importante participación en los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
De hecho, entre 2011 y 2019, la ejecución financiera para la GMVV ascendió aproximadamente a 15.521 millones de dólares, de los cuales Pdvsa ha desembolsado —hasta 2016— 6.934 millones de dólares. Es decir, según los datos públicos disponibles hasta esa fecha, la principal empresa del Estado venezolano aportó el 44.67 % de la ejecución financiera de la GMVV.
El sucesor de Ramírez en la cartera de Petróleo fue el primo del expresidente Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, actual presidente (E) de Pdvsa, mientras que en la estatal petrolera fue designado Eulogio Del Pino. Casi un año después, el 19 de agosto de 2015, nombraron a Del Pino —que seguía al frente de Pdvsa— ministro de Petróleo y Minería, según la Gaceta Oficial Nro. 40.727.
El Ministerio Público venezolano señaló y privó de libertad a Del Pino el 30 de noviembre de 2017. Tres años después, el 9 de febrero de 2021, el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas inició un proceso de juicio contra el ex ministro por los delitos de peculado doloso, obstrucción a la libertad de comercio, daños por omisión a la industria petrolera con siniestro, agavillamiento e incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad de la Nación, mediante los cuales perjudicó a la empresa mixta Pretrozamora.
En otras empresas y entes del Estado relacionados con el sector construcción también se evidenció la irregularidad de cargos múltiples. No obstante, ninguna de las personas involucradas respondió a las solicitudes de información enviadas como parte de esta investigación, lo que contribuye a la oscuridad sobre la que se construye la misión.
